Bases para un "Nuevo Pacto Verde" en la Reactivación Económica Post-COVID-19

Al concluir la Mesa Consultiva para la Gestión Ambiental, convocada por MiAMBIENTE

FIRMA DHAyC PROPONE LAS BASES PARA UN "NUEVO PACTO VERDE" EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST-COVID-19

CIUDAD DE PANAMÁ, lunes 22 de junio de 2020. Como parte del proceso de participación ciudadana de la Mesa Consultiva para la Gestión Ambiental Post-Covid-19, convocada por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), y que concluyó el pasado viernes 19 de junio, la firma de abogados de interés público Derechos Humanos, Ambiente y Comunidades (DHAyC), presentó su propuesta para una reactivación económica que aborde simultáneamente la recesión económica y la crisis climática.

El documento, suscrito por FÉLIX WING SOLÍS, Socio Director de la Firma DHAyC, propone las bases para "una versión panameña de un Nuevo Pacto Verde (Green New Deal), homóloga de las iniciativas global, europea y estadounidense del mismo nombre, mediante la cual el Estado panameño promueva activamente y efectúe directamente las inversiones ambientalmente sostenibles que sean necesarias para descarbonizar el sistema económico..., privilegiando en todo momento los intereses de las grandes mayorías y comenzando por los más vulnerables y excluidos del sistema económico imperante, al igual que por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)", y cuya ejecución estaría a cargo de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) interinstitucional multidisciplinaria, reforzada por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

La propuesta incluye, entre otros puntos, priorizar la inversión pública y estimular la inversión privada en energías limpias (solar, eólica y mareomotriz, entre otras), eficiencia energética, movilidad sostenible, seguridad hídrica y alimentaria, y ecosistemas y ciudades resilientes, eliminando los subsidios a los combustibles fósiles, tasando sus emisiones, prohibiendo nuevas termoeléctricas e hidroeléctricas, desmantelando las existentes, y prohibiendo cualquier otra inversión que "fragmente los ecosistemas o involucre el cambio de uso de suelo en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, áreas clave de biodiversidad, bosques naturales y urbanos, tierras boscosas o de aptitud preferentemente forestal, zonas de recarga hídrica, áreas inundables, manglares y otros humedales, o que de cualquier otro modo no favorezcan la restauración ecológica y la resiliencia ecosistémica".

"Para intentar frenar el cambio climático descontrolado, cuyo impacto económico puede ser infinitamente mayor que el de la pandemia", se propone "priorizar la restauración de manglares y otros humedales, así como la construcción de infraestructura costera y continental (diques, reservorios, túneles, etc.), destinada a enfrentar el inminente aumento del nivel medio del mar (GMSL, por sus siglas en inglés) de 1.1 metro (3.6 pies) para el año 2100, predicho recientemente por el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)". Igualmente, se propone "declarar estado de emergencia climática en las zonas de alto riesgo, a fin de priorizar la canalización de recursos públicos" hacia 22 comunidades costeras de los Distritos de Alanje, Arraiján, Barú, Chame, Changuinola, Chepigana, Colón, David, Panamá, Portobelo y la Comarca Guna Yala, habitadas por más de medio millón de personas; el cual pudiera extenderse a otras 42 comunidades de dichos Distritos y los de Aguadulce, Antón, Chagres, Chiriquí Grande, Guararé, La Chorrera, Las Palmas, Los Santos, Natá, Parita, Penonomé, Pinogana, San Carlos, Santa María, Soná y la Comarca Ngäbe-Buglé, afectando a casi un millón de personas, si el GMSL sube hasta el máximo de 25 metros (82 pies), estimado por el IPCC en caso de deshielo total de los casquetes polares.

Añade la propuesta que "MiAMBIENTE debería asegurarse de que los lineamientos y principios de la Política Nacional del Ambiente (artículo 4 de la Ley General de Ambiente) se incorporen transversalmente, como condiciones de cumplimiento ineludible", en los contratos, acuerdos o convenios relacionados con la contratación pública, las asociaciones público-privadas, las concesiones administrativas, los préstamos y donaciones provenientes de la cooperación internacional, los fideicomisos y otros fondos de pequeñas donaciones, los incentivos, instrumentos negociables, transferencias de dinero y demás pagos directos, y los préstamos, seguros y reaseguros públicos y privados, advirtiendo que ninguna de estas inversiones debería excluir "las mejores prácticas e iniciativas sobre cumplimiento legal, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción".

La propuesta concluye afirmando que, "con voluntad política, que es siempre el elemento clave de todo proceso de toma de decisiones, muchas de estas condiciones, prácticas e iniciativas deberían ponerse en ejecución en un tiempo relativamente corto, dada la gravedad e inminencia de la crisis climática", no sin antes reflexionar que, "si la reactivación económica post-COVID-19 incorpora desde su diseño las condiciones necesarias para garantizar su sostenibilidad ambiental, se viabilizará el cumplimiento de las metas estratégicas definidas a nivel global, regional y nacional", mientras que, "por el contrario, si las sempiternas presiones de los intereses económicos adversos al bien común no hallan contrapeso en el resto de la sociedad, la región y el mundo, no habrá manera de continuar avanzando."

El texto completo de la propuesta está disponible en nuestro blog:
https://firmadhayc.blogspot.com/2020/06/mesa-consultiva-gestion-ambiental-post-covid-19.html